DHREP23: REPOSITORIO DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA ATINENTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

REPOSITORIO DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA ATINENTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Desde la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, dependiente de la Suprema Corte de Mendoza, queremos poner a disposición de las comunidades indígenas, del personal del Poder Judicial y del público en general, este Repositorio de Derecho y Jurisprudencia atinente a los Pueblos Indígenas.

Podrán encontrar aquí la legislación vigente en nuestro país, y otros documentos internacionales que plasman principios imprescindibles, para lo cual hemos utilizado sistematizaciones previas y muy completas, tanto del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO). De la misma manera, es nuestra intención ir recopilando resoluciones judiciales relevantes a nivel local, nacional y de las cortes internacionales, donde se diriman estos derechos.

Sabemos que no alcanza con la sanción de normas para perforar parte de un imaginario social construido durante siglos alrededor del desconocimiento y la estigmatización. Las leyes que garantizan los derechos de este conjunto de colectivos de nuestra sociedad, los pueblos indígenas, no terminan de conocerse ni de aplicarse. Esperamos, por ello, que este material se convierta en una herramienta útil para abordar esta temática, y contribuya, en alguna medida, a saldar la deuda que el Estado mantiene con estos pueblos, constitutivos de nuestra historia y nuestra cultura.

Introducción

Nuestro país tiene una rica historia previa a la constitución como Estado Nación, que se remonta a los tiempos anteriores a la colonización, y que involucra a numerosos pueblos indígenas que poblaron sus tierras. La región de Cuyo forma parte también de ese pasado. Lamentablemente no fue ajena a las mal llamadas “campañas del desierto”, una etapa más de lo que numerosos autores han definido como un verdadero genocidio. Las comunidades fueron arrasadas, sus miembros trasladados a otras provincias, confinados en campos de concentración, las familias separadas, los niños/as y mujeres sometidos a servidumbre. Para que esto fuera posible, previamente se abonó el terreno mediante un discurso oficial destinado a estigmatizar y hostigar a estos pueblos –tal como sucedió muchos años después con la figura del subversivo en nuestro país, y como se repite en cada genocidio a lo largo del mundo-.

La Constitución de 1853 planteaba que “corresponde al Congreso: Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”. El Código Civil de Vélez Sársfield, hasta la vigencia de la reforma integral en 2015, también se hacía eco de la máxima “civilización o barbarie”, que orientó un modelo de Estado durante más de una centuria: en sus más de 4000 artículos no hacía referencia en ningún momento a los pueblos indígenas ni a sus formas de entender las materias que regulaba ese compendio legal.

Es preciso conocer este pasado para analizar el presente con perspectiva histórica, pero es importante comprender también que la cuestión indígena tiene plena vigencia y actualidad. Hasta octubre de 2019, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tenía registrados 1688 comunidades indígenas a lo largo del país, de 32 pueblos indígenas preexistentes a la Nación.

Los instrumentos internacionales y la normativa nacional, en consecuencia, no son catálogos de derechos referidos a un pasado bucólico, sino que regulan un presente donde se dirimen conflictos, y donde las comunidades se organizan y se constituyen como actores políticos y sociales, con agendas propias.

Los pueblos indígenas existentes en nuestro país conservan sus culturas, sus hábitos, sus idiomas y territorios originarios, a la par que se transforman, nutren las Sociedades de las que forman parte y conviven con el resto de sus expresiones. La reivindicación de pertenencia a una comunidad no obsta a que las identidades se construyan y reconstruyan en un proceso constante que admite complejidades. Para autoreconocerse indígena, no es necesario cumplir con estereotipos rígidos impuestos por una mirada hegemónica que no tiene en cuenta los procesos que viven los propios pueblos.

El artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantiza además el derecho a la identidad, la educación bilingüe e intercultural y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. El derecho indígena está compuesto además de Convenciones y Declaraciones internacionales, Leyes y Resoluciones internas, etc.

Este andamiaje legal no garantiza el conocimiento de los derechos ni la modificación de las prácticas, que en ocasiones parecen remontarse a la construcción de un enemigo interno, tal como se explicitó en las políticas y discursos oficiales que posibilitaron las campañas mili-tares de fines del Siglo XIX.

En muchos de los conflictos que demandan hoy respuestas judiciales, subsiste esa mirada, sedimentada en un modo de ver las cosas que difícilmente se transforme, en la medida que no se haga visible. Es preciso reconocer, no obstante, que hay intervenciones jurisdiccionales que van marcando ese camino.

El mandato constitucional, luego de la reforma de 1994, viene a hacer justicia con los pueblos originarios, perseguidos militarmente, despojados de sus territorios y estigmatizados culturalmente durante años. Sin embargo, todavía no es lo suficientemente conocido e internalizado por los operadores/as de los poderes del Estado que deben tomar decisiones que les conciernen.

Esta transformación, imprescindible en un Estado de Derecho, requiere para ser real políticas públicas que promuevan el goce y ejercicio efectivo de esos derechos, diseñadas y ejecutadas desde una perspectiva de Derechos Humanos, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país.

Es nuestra intención poner a disposición el marco jurídico vigente y algunas decisiones judiciales trascendentes en la materia, para que se conozcan, utilicen y difundan. Esperamos que aporte a la necesaria construcción de un Estado más inclusivo, plural y justo.

Organización del repositorio

El presente compilado cuenta con dos partes, la primera referida al marco normativo nacional y provincial y la segunda a las decisiones judiciales relevantes sobre la materia.

Tomamos de referencia aquí al compilado realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos, en septiembre de 2015, compilado por Sebastián Demicheli Calcagno, Viviana Canet y Leticia Virosta.

La segunda parte, al igual que la primera, consta de un apartado nacional y otro provincial, y se irá completando en la medida que se conozcan decisiones jurisprudenciales que interesen por su novedad, trascendencia, etc

I- MARCO NORMATIVO

A) CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art. 75, inc. 17, 19 y 22) (PDF)

B) NORMATIVA DE JERARQUÍA SUPRALEGAL

- Ley Nº 24.071. Apruébase el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes. (PDF)

C) NORMATIVA NACIONAL

1) LEYES ESPECÍFICAS EN MATERIA INDÍGENA

- Ley 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, con las modificaciones establecidas por la Ley Nº 25.799. (PDF)

- Ley Nº 25.607. Campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas contenidos en el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. (PDF)

- Ley Nº 25.276. Homenaje. Traslado de los restos mortales del Cacique Mariano Rosas – Panquitruz Gner, actualmente depositados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, restituyéndolos al pueblo Ranquel de la Provincia de La Pampa. (PDF)

- Ley Nº 25.517. Disposición de los restos mortales que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas. (PDF)

- Ley Nº 23.940. Homenajes. Traslado de los restos mortales del Cacique Inacayal a la localidad de Tecka, Provincia de Chubut. (PDF)